La protesta concentró a varios activistas de la ONG en el puerto de Sao Luis, donde subieron por la cadena del ancla de un buque cargado de arrabio, propiedad de la siderúrgica Viena, donde mostraron una pancarta en la que le piden a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que “apague la motosierra”, según un comunicado.
El grupo ecologista señaló que el compromiso del Gobierno de Rousseff con la protección del medio ambiente esconde “cuestiones embarazosas” en las vísperas de la conferencia de la ONU sobre desarrollo sostenible Río+20, que se celebrará a finales de junio en Río de Janeiro.
El director de la campaña amazónica de Greenpeace, Paulo Adario, dijo en una nota que, mientras que el Gobierno de Rousseff “vende la imagen de país verde y moderno”, la industria del acero usa prácticas “arcaicas y depredadoras” y está reduciendo la selva a carbón.
Greenpeace acusa a la industria del acero se nutrirse de carbón vegetal producido en carbonerías de la región amazónica, que extraen la madera ilegalmente, en algunos casos de reservas indígenas.
Esas carbonerías de los estados de Pará y Maranhao también se sirven de trabajadores normalmente sometidos a condiciones de explotación análogas a la esclavitud, según la nota.
Sao Luis alberga el principal puerto por donde Brasil exporta su hierro, que en su mayoría procede de la mina de Carajás, la mayor del mundo, que es operada por la compañía Vale.
La ONG resaltó que en torno a Carajás “solo existe bosque en áreas protegidas”, la mayoría en tierras indígenas que “son constantemente invadidas por los madereros”.
Greenpeace señaló que en el sur de Maranhao vive el pueblo indígena nómada Awá Guajá, del que quedan cerca de 400 individuos y es considerado por la ONG Survival como el más amenazado del mundo.
